LA CONSTITUCIÓN 2002

 

6 DE DICIEMBRE, DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

 

José Agustín González-Ares Fernández

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Vigo

Presidente de la Asociación Galega de Estudios Xurídicos

 

     Felizmente nos disponemos a conmemorar, un año más, el aniversario de la aprobación por los españoles en referéndum de la Constitución  de 1978. La fecha del 6 de diciembre debiera ser  para todos un día no sólo de fiesta sino también de reflexión, la ocasión idónea para celebrar en común la gozosa experiencia de veinticuatro años de paz, de progreso, de convivencia y de libertad. Nuestra Constitución es fuente primordial de legitimación y estabilidad de un sistema político que nos ha permitido vivir todos estos años en una sociedad democrática y plural, superar definitivamente el estigma secular de las dos Españas. Pero también es algo más, la esperanza de poder construir entre todos un futuro mejor apoyado en el diálogo y en el respeto a los demás. Las frustradas Constituciones de nuestra historia se caracterizaron en cuanto a su origen por la unilateralidad de éste, es decir, por emanar no de un pacto social que reflejase transaccionalmente la voluntad general, sino de la voluntad de un sector del espectro político que la imponía a la totalidad de la ciudadanía. No eran, por tanto, Constituciones de todos y para todos, sino Constituciones de uno u otro sector impuestas a la Nación. Muy al contrario, la madurez del texto de 1978 proviene de su origen consensuado e integrador y de su contenido, radicalmente opuestos a los que caracterizaban a sus antecesoras, de su solidez para sufrir los embates sufridos desde el involucionismo y el terrorismo constante.

     La Carta Fundamental de 1978 y los veinticuatro años de aplicación y desarrollo que han seguido después, no son únicamente el feliz término de un largo y enconado proceso de inestabilidad. Significan sobre todo un rotundo mentís a la afirmación más pesimista de los miembros de la Generación de 1898, según la cual “somos un pueblo incompatible con la libertad” Su espíritu y contenido se plasma en tres grandes pactos que  conviene recordar. En primer lugar, un pacto político e institucional, que es el pacto de las libertades, de los derechos y deberes de los gobernantes, instituciones y gobernados. Con él tenemos que construir, día a día, el Estado Democrático de Derecho, un proceso continuo que nos obliga a desarrollar los principios que han de presidir la convivencia pacífica y creativa de los ciudadanos y de los grupos en que se integran. El segundo es el pacto territorial, que dio paso a una nueva organización y distribución del poder en el llamado Estado de las Autonomías. Profundizar en la cuestión autonómica es avanzar en la defensa y promoción de los hechos diferenciales de cada Comunidad, preservar la solidaridad entre los territorios y la igualdad de trato a los ciudadanos. Por último está el pacto social, sobre el que se apoya el denominado Estado de Bienestar, objetivo prioritario de la acción política y del esfuerzo económico  que realiza la propia  sociedad. El Estado Democrático de Derecho, el Estado Autonómico y el Estado de Bienestar son, pues, los tres grandes pilares del  andamiaje constitucional y que articulan lo que se ha llamado “el bloque de constitucionalidad”.

     La Constitución es de todos, porque todos cabemos en ella y a nadie excluye; porque pueden gobernar distintas tendencias y partidos; porque se pueden aplicar distintas políticas económicas o sociales y porque podemos desarrollar también, como he sostenido y sostengo, formas distintas de organización territorial, incluso las de carácter federalista, profundizando en el contenido del Título VIII y los principios básicos del texto constitucional: la igualdad, la solidaridad, el derecho a la diferencia y la mutua cooperación. El marco constitucional es suficientemente amplio para dar cabida a todos y a todas las  aspiraciones, incluida la paz o las soluciones para alcanzarla, y quienes se sitúan fuera o frente a él son una parte ínfima de la población. No obstante, nuestra Constitución es, en muchos aspectos, mejorable (Senado, régimen electoral, iniciativa popular...). Urge ahondar en el cumplimiento de algunos derechos sociales, prácticamente olvidados o relegados, promover su desarrollo legislativo y proceder a modificar todo lo que los obstaculice.  Hay que alcanzar acuerdos entre todas las fuerzas sociales y políticas que nos permitan seguir avanzando, profundizar en las libertades democráticas, mejorar el funcionamiento del sistema autonómico y continuar trabajando por la justicia y la cohesión social. Es necesario, en suma, buscar nuevas fórmulas de consenso y diálogo, o revitalizar las existentes, para abordar los graves problemas que nos acucian (paro, terrorismo, violencia genérica, inmigración, etc.).

    Ninguna Constitución es intangible o eterna. Un Constitución no es más que el reflejo y punto de encuentro donde se aúnan las voluntades de la sociedad en un momento dado. Las soluciones de la Constitución de  1978 no tienen porque ser válidas siempre. Podemos cambiarla y de hecho se ha cambiado, aunque haya sido en un tema concreto y puntual, pero conviene respetar las normas y los mecanismos que la propia Carta Magna establece, en previsión de circunstancias mudables. Hasta ese momento la demanda constitucional es profundizar en el texto, interpretarlo con amplitud, confianza y generosidad.