LA CONSTITUCIÓN ESTÁ VIVA

La Constitución celebra con envidiable salud, a pesar de lo embates que recibe en los últimos tiempos, su veintitrés cumpleaños. Si los aniversarios tienen algún sentido, no puede ser otro que hacernos reflexionar a todos sobre lo ya realizado, a fin de mejorar el futuro. Los años de vigencia de nuestra Norma Fundamental pueden servir así para que pongamos las bases necesarias a fin de celebrar las deseadas conmemoraciones sucesivas, en el marco de la sociedad progresista y plural que prescribe este texto por el que se rige la España actual. Afortunadamente, nuestra Constitución ha echado raíces, superando los sucintos períodos de vigencia de las experiencias anteriores. Nadie duda que este texto es, aun con sus innegables defectos, una estimable obra técnico-jurídica, máxime si se es consciente de los condicionantes que mediatizaron su redacción. A este respecto conviene recordar que la Constitución de 1978 refleja una transacción entre la práctica totalidad de las fuerzas políticas del momento, con renuncias significativas a su propio modelo de organización política. Los constituyentes no sólo fueron conscientes de desterrar para siempre el famoso “trágala” de nuestra historia constitucional (“trágala, traga la Constitución, trágala trágala servilón”, cantaban los doceañistas) del texto vigente, sino que desearon igualmente que el consenso se continuase en el desarrollo fundamental del mismo.

Creo que se puede decir hoy, sin escandalizar a nadie, que el consenso fue completo en unos puntos y no tanto en otros. La Constitución encubre sin excesivos tapujos numerosos disensos, algunas veces resueltos con la creación de la Ley Orgánica, norma de especial importancia para complementarla en sus aspectos más decisivos. La exigencia de la mayoría absoluta para su aprobación fue considerada como la garantía de que el consenso se debía mantener en la aprobación de estas leyes, que, a veces, pueden ser más importantes, por su alcance, que lo regulado propiamente en la Constitución. Pues bien, cabe preguntarse si se ha respetado tal criterio en la aprobación de las Leyes Orgánicas. Un mero análisis de lo ya regulado, y muy concretamente la Ley de Ordenación Universitaria (LOU), por poner un solo ejemplo cercano en el tiempo, nos diría probablemente que no. Me importa subrayar con esto que si el logro del consenso para elaborar nuestra Carta Magna es un dato fundamental para su perduración , la ruptura del mismo, en lo que se refiere concretamente a las Leyes Orgánicas, podría ser un elemento enormemente perturbador para el futuro de la Constitución.

En mi opinión se constata no sólo la existencia de fisuras en el aspecto consensual que debiera seguir por encima de todo, sino también la necesidad de reflexionar sobre las posibilidades de mejora del propio texto . Dicho de otra manera, las soluciones de 1978 no tienen porque ser válidas siempre. La vida política de una nación no se agota con sus textos normativos (ni aunque se trate de la Constitución) y es necesario estar siempre profundizando y puliendo su savia aplicativa. Desde hace algún tiempo vengo constatando que cuando irrumpe en escena algún propósito de reforma constitucional la opinión dominante se rasga las vestiduras y se apega al mantenimiento del texto, aun reconociendo sus disfuncionalidades. Negarse a la necesidad de una reforma en razón del riesgo que toda reforma entraña es, a mi juicio, dar muestras de escasa confianza en la solidez del sistema democrático asentado sobre nuestra Constitución. Si hay que reformar la Constitución en algunos aspectos se reforma sin miedo y sin traumas; la reforma entra en el ámbito de la más estricta lealtad a la misma. Por ello es necesario pensar en la modificación de ciertos puntos (Senado, Título VIII, régimen electoral, iniciativa popular, etc.), lo cual, en la actualidad, puede y debe hacerse sin romper el consenso con la que nació. La Constitución, como se ha escrito tantas veces, es mucho más que una norma, es el compendio de la vida democrática de un país. Así no se agota en su formulación, sino que cobra toda su dimensión en su vigencia y operatividad, en su realidad viva. Ello me lleva a una última reflexión: la necesidad de una política educativa eficaz a fin de conseguir un grado aceptable de conocimiento de nuestro texto fundamental. A nadie se puede ocultar que la labor que se desarrolla en los colegios o institutos principalmente no está a la altura de las circunstancias. De poco puede servir una Constitución si los destinatarios de ella, los ciudadanos, la ignoramos o la conocemos mal.

Los veintitrés años de vigencia de la Constitución, que felizmente celebramos, pueden y deben servir para profundizar en los valores de libertad, igualdad, justicia, solidaridad y pluralidad política que recoge en su articulado, para interiorizar, en suma, los principios esenciales de convivencia democrática. Ojalá que la fiesta del 6 de diciembre no sea únicamente una ocasión para disfrutar cada año de un placentero y largo “puente” vacacional, en lugar de ser también una fecha para reforzar nuestro sentimiento y lealtad constitucionales.

José Agustín González-Ares

(Publicado en el diario LA REGIÓN el 6 de diciembre de 2001)